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Miércoles, 10 de enero del 2018
El Superior Tribunal y la UNLPam firmaron convenio de colaboración

El convenio de colaboración recíproca fue suscripto por el presidente del STJ de la Provincia de La Pampa, Hugo Oscar Díaz, y el rector de la UNLPam, Sergio Aldo Baudino, tendrá una vigencia de cuatro años y se renovará automáticamente si no existiere objeción expresa de alguna de las partes con una antelación de días corridos.

El texto, al referirse a sus alcances, expresa en la cláusula segunda que “la Universidad dará su apoyo al Superior Tribunal de Justicia, prestando asesoramiento o consultoría en aquellas tareas que lo demandaren y sean de su competencia; asimismo, contribuirá a la formación y perfeccionamiento del personal del STJ, conforme las necesidades de cada caso”.

“Por su parte –agrega–, el STJ brindará apoyo a la Universidad, a través de la implementación de acuerdos específicos que contribuyan a la formación de los estudiantes, especialmente en la práctica de sus incumbencias. Además, el STJ y la UNLPam colaborarán entre sí en relación al personal que esté bajo la dependencia de ambas instituciones, mediante las herramientas pertinentes que sirvan al desarrollo del mismo”.

Más adelante, en referencia a la coordinación de las actividades, señala que “en la planificación y ejecución de cursos y actividades de especialización y perfeccionamiento de los integrantes del Poder Judicial, intervendrá el Centro de Capacitación Judicial; el que funcionará como nexo entre la Universidad y el STJ, a los fines de analizar, evaluar y proponer las sugerencias que considere pertinente, con el objeto de evitar la superposición de actividades y lograr una visión unificada y coordinada de las ofertas y actividades de formación judicial, contribuyendo de esta manera a fomentar una relación de sinergia y complementación imprescindible en la articulación de actividades académicas”.

El acuerdo prevé además la firma de “convenios específicos, a efectos de tomar medidas concretas”, que podrán ser suscriptos por la Rectoría y/o los decanatos de las unidades académicas de la Universidad.

Esos acuerdos, estipula la cláusula quinta, “deberán precisar los derechos y obligaciones de cada una de las partes, los recursos necesarios para su realización y modalidades de su financiamiento; consignándose además el personal involucrado y los medios técnicos afectados, equipamiento e instrumental a utilizar y demás aspectos necesarios para su implementación”.

Díaz y Baudino remarcaron que “a los fines de asegurar una adecuada coordinación, las partes facilitarán un fluido intercambio de información en los ámbitos de interés precitados y designarán para cada convenio específico un responsable con atribuciones suficientes para lograr su cometido”.

Finalmente ambos organismos convinieron que “cuando se trate de proyectos conjuntos, cuya realización requiera autorizaciones, apoyo o financiamiento de organismos nacionales e internacionales, las partes colaborarán mutuamente en los trámites que sean necesarios a tal efecto”.​