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Lunes, 13 de noviembre del 2017
Alerta a cooperativas por proyecto oficial que instrumenta el pago de Ganancias
Hay cláusulas en el paquete del organismo donde se prevén reformas impositivas para ampliar la base de contribución del Impuesto a las Ganancias. Apuntan a cooperativas de créditos y seguros, pero implícitamente la extienden a las de comunicaciones y otras.
Por Juan José Reyes Aunque su aplicación no es constitucional, el gobierno nacional, al calor de las demandas del Fondo Monetario Internacional, tiene en sus planes gravar a las cooperativas de créditos y seguros con el Impuesto a las Ganancias, una forma implícita de abrir el camino hacia el botín más grande, las entidades solidarias que prestan servicios públicos y de telecomunicaciones. En el país, la medida afectaría a 18 mil entidades que nuclean a 9 millones de asociados. En La Pampa, el peso de las cooperativas es mayor aún ya que hay 83 con 230 mil asociados (148.300 a eléctricas y 70 mil rurales). Las entidades solidarias nunca persiguieron el lucro, pues prestan servicios al costo, por lo que retornan sus resultados positivos a los propios asociados en inversiones y obras, en beneficio de la comunidad de la cual se sirven. A la pelea. Como tantas veces, las cooperativas pelearán por un derecho inalienable, la exención del Impuesto a las Ganancias. Sustentan aquel principio de la prevalencia sobre la realidad económica. Las entidades solidarias tienen incapacidad jurídica para lucrar; no poseen ni pueden, pues expresamente lo prohíbe la Ley 20337. La esencia de la cooperación está en el concepto del precio al costo o precio justo, es decir, integrado sólo por gastos operativos y desprovistos del lucro o ganancia, legítimo en empresas comerciales, pero impropio para ellas. Este elemento “colateral” dentro del fárrago de cambios tributarios a tratarse afecta al movimiento cooperativo pampeano. El debate será central para la economía solidaria doméstica, más allá que en Nación le apuntan a cooperativas de créditos, seguros y comunicaciones. Si bien este es un pequeño punto dentro del debate que el macrismo está manteniendo con gobernadores y legisladores, no puede dejarse de lado en pos de los beneficios de la economía social. De Martínez de Hoz a Dujovne. Desde hace 41 años, más precisamente en 1976 con la Reforma a la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz y Aleman (fundadores del modelo neoliberal), todas las economías solidarias ha tenido que lidiar con todos los Gobiernos la posibilidad de que se les grave con Ganancias en forma solapada o explícita. Algunos desentendidos, con la obstinada intención de resolver los déficit presupuestarios ignoran que, gravar con esa gabela a la economía social es un acto apresurado que denota falta de un análisis técnico serio. Más aún, evidencia un peligroso desconocimiento de la realidad toda vez que se desprecia el efecto que la medida puede tener sobre la asignación de recursos y su afectación al funcionamiento económico y a la justicia y equidad social. Los nuevos y antiguos legisladores poco entienden de derecho cooperativo y mutual, independientes de su naturaleza (financieras, aseguradoras, del triple play en comunicaciones, etc.). Hablamos sobre la ausencia característica de fin de lucro y de cómo organizan a hombres, mujeres y niños para subvenir a necesidades físicas básicas persiguiendo el progreso moral y material de los mismos. Un ejemplo formidable dentro de nuestra comunidad que bien vale la pena recordar en este “vale todo” que pareciera reinar en el individualismo, insolidaridad, lucro desmedido, hedonismo, corrupción y la inequidad. Pampeanos en alerta. A pesar de que la economía de nuestra provincia representa menos del 1% del PBI nacional, en La Pampa el movimiento de las entidades solidarias ostenta más del 17% del Producto Bruto Geográfico. De allí que su enorme envergadura sea más que estratégica para todo el flujo circular de la renta local. De las 83 empresas solidarias pampeanas hay 30 eléctricas; 16 de servicios públicos de agua potable, cloacas, comunicaciones, seguros y sociales; 15 del campo (una sola de ellas factura en Eduardo Castex más que todo el cooperativismo eléctrico); 12 de trabajo, 3 de provisión de servicios, 2 apícolas y 1 de cunicultores, tambera y vivienda, de radio y gráfica respectivamente, además de la federación, Fepamco. En distribución espacial: hay 15 en Santa Rosa, 9 en General Pico y 4 en Realicó, Guatraché, San Martín, Jacinto Arauz y 25 de Mayo. Poseen dos cooperativas poblaciones como Macachín, Alta Italia, Victorica, Colonia Barón, Miguel Riglos, Caleufú, Doblas, Larroudé y Winifreda. Con una están Anguil, Alpachiri, Arata, Ataliva Roca, Bernasconi, Castex, Embajador Martini, General Acha, Ingeniero Luiggi, La Adela, Intendente Alvear, Quemú Quemú, Rancul, Rolón, Toay, Trenel y Villa Mirasol. Evidentemente el fuerte de la economía solidaria pampeana está, desde hace 15 años, en el cooperativismo agropecuario con el advenimiento del monocultivo de soja, pero su sostén original siempre ha sido y será el del sector eléctrico. Bienes al “precio justo”. Las cooperativas según lo establece el artículo 2 de la Ley 20337 son “entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios”. Son empresas autogestionarias que no tienen por fin el lucro sino proveer a sus asociados bienes y servicios al “precio justo”. Las sociedades comerciales por el contrario se crean con el fin de obtener ventajas económicas. Las cooperativas tienen la obligación de distribuir el excedente (diferencia entre el precio previsto y el costo operativo del bien o servicio prestado) entre los asociados que lo produjeron previa deducción de un 15% (5% para reserva legal, 5% para Fondo de Educación y Capacitación y 5% para el fondo asistencial y laboral o para estímulo del personal), ya que dicho excedente no representa una “ganancia o utilidad” para la entidad sino simplemente un exceso de percepción en el precio pagado en oportunidad de realizar el acto cooperativo. Gravar con Ganancias a las cooperativas implica decir que, el Estado pretende apropiarse de parte de importes que representarán gastos para la cooperativa durante el ejercicio económico siguiente. Son estas precisiones legales, coherentes con la naturaleza de los actos cooperativos, las que las caracterizan como entes no lucrativos. Resulta intolerable que el Estado utilice la reforma fiscal para profundizar la inequidad y la injusticia. Cualquier impuesto que se pretendiera aplicar a entidades solidarias encarecerá el costo y el precio de los bienes y servicios cooperativos. Esto es algo que deberán sopesar todos los legisladores nacionales pampeanos a la hora de votar.