La energía aumentará 9 % desde julio

El gobierno dispondrá un incremento del 9% en las tarifas de energía eléctrica a partir del 1 de julio. Lo hará sin que las cooperativas distribuidoras estén de acuerdo con el porcentaje dispuesto y, más allá de responder por escrito la nota del secretario de Energía sobre su posición, pedirán desde Fepamco una audiencia «urgente» con el gobernador Sergio Ziliotto para plantearle en forma directa su situación.

Además, el Consejo de Administración de la federación, que tal como anticipó LA ARENA se reunió ayer por la mañana y reafirmó su postura de disidencia ante el número propuesto por el gobierno, dispuso la convocatoria a un plenario de cooperativas para la semana entrante, ocasión en que en conjunto irán definiendo las acciones a seguir para lograr un número que las aleje de los quebrantos actuales.

Anoche, fuentes oficiales estimaron que efectivamente en las próximas horas se hará pública la resolución administrativa por la que se dispone el aumento tarifario del 9% a aplicar con los consumos de julio. Las cooperativas percibirán el aumento cuando los socios pasen por ventanilla en los primeros días de septiembre.

Durante varias horas los dirigentes analizaron la nota que envió la SE. Hubo una unánime coincidencia en rechazar muchas de sus aseveraciones y, una vez más, estimaron preciso ser escuchados por la máxima autoridad, el gobernador Ziliotto, en busca de cambiar lo que consideran «trampas técnicas por definiciones políticas».

Se escucharon cuestionamientos y quejas a ciertos términos firmados por Matías Toso. Consideraron que se han puesto sobre la mesa temas que ya se habían consensuado en las largas reuniones de cada jueves, tras la creación de la comisión tarifaria por parte del mandatario y que creían resueltos.

La nota oficial.

En la nota que remitió Energía a Fepamco, Matías Toso recordó que en el seno de la comisión revisora del sistema tarifario que creó el gobernador Sergio Ziliotto, el objetivo fue siempre «propender a la reducción de la carga tarifaria real sobre hogares, comercios e industrias» y agregó que quienes representan al gobierno provincial no pueden «validar con un grado de certeza requerido» lo que las cooperativas consideran «atraso tarifario» y «deuda», esto en cuanto «a su existencia, cuantía y extensión aducidos».

Como se dijo, las distancias entre una posición y otra es realmente amplia. Parte de la base de que las cooperativas deben recibir, de acuerdo al convenio de concesión, un nivel tarifario que les permita cubrir sus costos operativos, algo que hoy está lejos de cumplirse según las prestadoras.

Aclara que «un reclamo que remite a años atrás no forma parte de la oferta y quedará sujeto a revisión». Esto al hacer referencia a lo que desde las cooperativas presentan como un reclamo a los quebrantos no reconocidos, tanto en el período pre-pandemia como durante la misma ya que los montos para cubrir ese desfasaje otorgado por el gobierno (también fijando un número distinto al que las cooperativas reclamaron), dicen, no alcanzó a cubrir esa diferencia.

Números muy dispares.

Quedó expresado que, en las cifras, la disidencia es total. La propia Secretaría de Energía plasmó números y respecto del tramo «pre-pandemia» dijo que en sus reclamos las cooperativas hablan de una deuda de 625 millones (en su conjunto), mientras que para el Estado no sólo no hubo pérdidas, sino que hay un «superávit» de casi 46 millones de pesos estimados a fin del presente año 2021.

Más adelante, en el análisis del tramo «pandemia», la SE revela que hubo 350 millones de pesos en notas de crédito a las cooperativas para compensar la quietud de las tarifas que dispuso el gobierno nacional. En este punto, las cooperativas advierten que más allá o no de si esa cifra cubrió esa falta de tarifa, hace falta sincerar también el verdadero costo en ese tramo de la historia reciente ya que de otra manera «se parte de una tarifa mucho más baja de lo real. Por eso estamos reclamando que primero pongamos las tarifas al día y se nos pague esa deuda y luego sobre una base real acordamos hacia adelante», razonan.

En la conceptuosa nota, y luego de hacer una serie de consideraciones respecto de cómo deberían fijarse las tarifas de ahora en adelante, la Secretaría de Energía propuso «autorizar un aumento tarifario del 9% promedio», a los usuarias y usuarios finales y que esté «destinado a absorber el incremento de costos razonables asociados a la prestación del servicio eléctrico por parte de las cooperativas».

Por otra parte, el Estado se compromete «a renovar el esfuerzo de mantener sus tarifas congeladas, tal como viene ocurriendo desde septiembre de 2020». Esto significa que la Administración de Energía «resigne su VAD (Valor Agregado por Distribución) en el leal entendimiento que las y los usuarios no pueden soportar una mayor carga tarifaria en tiempos que bregamos y trabajamos por la recuperación económica de La Pampa».